Senado aprueba Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

 

·        Senador Daniel Ávila Ruiz avala con su voto cambios propuestos por la Cámara de Diputados

 

En sesión del pasado jueves 06 de noviembre el Senado de la República avaló los cambios propuestos por la Cámara de Diputados al proyecto de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

 

 

Durante la discusión en la Cámara de Alta, el Senador Daniel Ávila Ruiz, expresó su beneplácito y señaló que votaría a favor las modificaciones realizadas por los diputados “pues varias de éstas coinciden con las que presenté en un paquete de reservas durante el análisis inicial en esta Cámara de Senadores”, tales como el tema de la salud sexual y reproductiva, así como la inclusión en la comunidad -en igualdad de condiciones- de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, pero que en ese momento no fueron aceptadas.

En su exposición el yucateco destacó que las 18 modificaciones realizadas constituyen un avance más, ya que “permite reforzar y precisar el apego a los principios internacionales consensuados a nivel internacional a favor de la protección de la niñez”.

En la propuesta de Ley final se estableció con claridad la obligación de las autoridades de impartir asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva, se incorporó el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, la obligación explicita a cargo de los gobiernos de procurar un entorno que provea los apoyos necesarios para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad vivan incluidos en su comunidad, el derecho de que los menores expresen su opinión libremente sobre temas que les afecten -sin el consentimiento del padre o tutor-, así como el resguardo de sus datos personales cuando participen en algún asunto judicial, fundamentalmente, agregó el Senador.

Finalmente, el legislador señaló que con esta nueva Ley se reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, pero además se especifica el rol y responsabilidad de padres y tutores, y crea una instancia nacional, del más alto nivel con todas las facultades para que esta ley se cumpla a cabalidad por el Estado Mexicano. En ese tenor exhortó a los tres niveles de gobierno a garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en esta nueva legislación.