Escuchamos las ponencias de los Magistrados y constatamos que hicieron un análisis de fondo, pues ciertamente no existe omisión legislativa tal como lo resolvieron aunque en posturas divididas pues 7 magistrados pidieron el sobreseimiento del acto reclamado y sólo 4 se pronunciaron a favor de la postura del Magistrado ponente Santiago Altamirano.

Vemos que en Yucatán hay una clara división de poderes, equilibrio y respeto que son fundamentales para un estado de Derecho y el Tribunal Constitucional del Estado da ejemplo de ello. Ellos no legislan, no elaboran las leyes, tan solo interpretan la Constitución y respetan que las leyes emanan del Poder Legislativo como fruto de la expresión del pueblo.

En el 2009 La Red Pro Yucatán estrenó la Ley de Participación ciudadana y pidió con el respaldo de 10,000 firmas que se eleve a rango Constitucional el matrimonio como lo establecía el Código Civil de aquella época (Hoy Código de Familia) e hiciera lo mismo con el Concubinato y la Familia toda vez que al ser una institución de orden público y carácter general merecía tal reconocimiento en la Constitución local acorde a la Federal. La Constitución Yucateca establece los parámetros: El matrimonio es entre un hombre y una mujer,

En concordancia el Código de familia obedece el mandato de la Constitución local: El matrimonio es entre un hombre y una mujer, no encontramos ninguna omisión. En la definición del matrimonio procedente del latín está su esencia: matrimonium: matrem (madre, matriz) moniun (Calidad de) es decir condición, calidad, oficio de madre. En el matrimonio se precisa una madre y para que ella lo sea se precisa de un varón que la fecunde.

El matrimonio por tanto no discrimina a nadie, toda vez que su naturaleza es fecunda. Las uniones de personas del mismo sexo no poseen carácter fecundo, de modo que son realidades que merecen ser tratadas distinto, en su naturaleza y características cumpliendo con ello los principios democráticos con los cuales se sustenta este país, en donde todos aún a pesar de las diferencias deben tener las mismas oportunidades de gozar de certidumbre jurídica.

LAE. Ivette Laviada Arce MB.

Presidente de la RED PRO YUCATAN

2 de marzo de 2015.