Mérida; Yucatán a 13 de octubre de 2014
EXIGEN A DIPUTADOS RETIRAR LOS MAL LLAMADOS “DERECHOS
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS” Y RE INTRODUCIR LA PALABRA
“PADRES”, EN LA LEY DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
• Más de 86 organizaciones de la sociedad civil afirman que el texto enviado por
la Cámara de Senadores es inconstitucional y muy peligroso para la infancia.
• Organizaciones de la sociedad civil del estado de Yucatán exigen a la Cámara de
Diputados retirar los inexistentes “derechos sexuales y reproductivos” de la
iniciativa de Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ya que no
hay referencia alguna a los mismos en nuestra legislación nacional ni en tratado
internacional alguno.
Asimismo piden que diversas fracciones de algunos artículos sean modificadas para
garantizar la genuina protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y no se
conviertan en un eufemismo de prácticas que supongan un atentado hacia su salud
física, psicológica y emocional.
Basta citar el artículo primero, párrafo primero de nuestra Constitución, para obtener el
fundamento jurídico más importante por el que exigen enmendar el error en la terminología
jurídica que han utilizado los senadores. El cual a la letra dice:
Artículo 1o. “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte…”
Por lo anterior, al no existir los mencionados “derechos sexuales y reproductivos” ni en la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, ni en ningún tratado internacional es
improcedente que se incluyan en cualquier ley.
Al respecto, la Red Pro Yucatán y Unión por la Familia mencionaron que los legisladores
deben retirar conceptos no reconocidos en el derecho internacional, pues “no queremos
en nuestras leyes términos que representen un grave peligro para nuestros hijos pues
pretenden combatir el embarazo en adolescentes con supuestos derechos inexistentes”
Cabe mencionar que según datos de la OMS, el embarazo adolescente es una de sus
principales preocupaciones en lo relativo a este grupo etario. De acuerdo al organismo
internacional, cada año aproximadamente 16 millones de jóvenes de entre 15 y 19 años dan
a luz, lo que supone el 11% de los nacidos en el mundo. Las más recientes cifras de este
fenómeno divulgadas en el Informe “Maternidad en la niñez” del Fondo de Población de
las Naciones Unidas (UNFPA) indican que nuestro país ocupa el primer lugar de
embarazos adolescentes en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), con una tasa de natalidad de 64.2 por cada 1000 nacimientos, lo
cual nos lleva a concluir que la política pública de repartir preservativos a o la píldora del
día siguiente no ha sido eficaz. Lo que pedimos y necesitamos es una política educativa que
fomente el auto conocimiento de la sexualidad y la manera eficaz para controlarla y
manejarla.
Por otro lado, omitir el término “Padres” sustituyéndolo por “Familia”- supone una seria
transgresión a la Convención de los Derechos del Niño en la cual se habla de derechos y
deberes de padres y que en esta propuesta no se encuentra en ningún sitio, constituyendo
un grave atentado, pues dicha Convención es el primer instrumento internacional
jurídicamente vinculante en materia de protección infantil.
El término “Familia de origen”, se presenta como una analogía de la palabra “Padres” y
vemos que el Capítulo Cuarto de dicha norma se utilizan indistintamente los términos
“Familia de origen” “Familias” “Familiares”, lo cual confunde a quiénes la lean.
Ivette Laviada Arce y Marcos Vera Badías consideraron muy delicado, entre otros aspectos,
promover el uso libre de métodos anticonceptivos en las niñas, niños y adolescentes,
haciendo a un lado a los padres de familia bajo el argumento de que los niños tienen
derecho a la intimidad, sobre todo cuando son éstos últimos los que cargan con la
responsabilidad de hacer frente a las consecuencias de los actos de sus hijos menores de
edad.
“Estos supuestos derechos, dejan a nuestros hijos vulnerables a: el aborto, la esterilización,
la mutilación genital y el mal llamado cambio de sexo.
Hago un llamado para que públicamente, los legisladores, organizaciones radicales y demás
que promueven esta ley, tengan el valor civil de informar y exponer a la sociedad a que se
refieren con el término “derechos sexuales y reproductivos”, y a los legisladores
específicamente, solicitamos que lo eliminen y a que incluyan el de “Padres” tal como está
en la Convención de los Derechos del Niño , pues ellos están para establecer leyes que
protejan los derechos de las personas, no para improvisarse nuevos, pues legislar no es un
concurso de creatividad o ingenio”, expresó Laviada.