Marcia Lata, martes 17 de Julio de 2012 a la(s) 17:23: Como lo marca la ley, dos terceras partes de los diputados federales y los senadores aprobaron la modificación al Artículo 24 Constitucional con la finalidad de ampliar el concepto de libertad religiosa en cuanto al derecho del que deben gozar los mexicanos. Si bien en su texto original, dicho artículo reconoce que el estado no puede prohibir la expresión privada de los actos de culto o religiosos, los legisladores han dado importancia a la necesidad de adecuar el reconocimiento de este derecho humano a los estándares internacionales.

 En el esfuerzo de que nuestra Carta Magna otorgue a los mexicanos un marco de libertad que se aproxime a los términos ya aceptados en el ámbito internacional, diversos tratados internacionales sirven de parámetro. Entre ellos están la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (art. 18), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 (art. 18) y la ConvenciónAmericana sobre los Derechos Humanos de 1981 (art. 12).

En el los párrafos siguientes, puede apreciarse que el marco de libertades para que los ciudadanos puedan participar de los actos religiosos fue ampliado, y que quedaron intactas las limitantes que se refieren a la celebración

de actos en lugares públicos sin los permisos correspondientes, el uso de la religión para fines político electorales e incluso el impedir que cualquier acto religioso represente un delito o falta penados por la ley.

Más aún, también se aprobó una reforma constitucional al artículo 40 que definiría la República como laica, por lo que la aprobación de esta reforma en materia de libertad religiosa, genera un concepto equilibrado acerca de la separación entre las iglesias y el estado.

Lo que NO IMPLICA esta reforma es:

-Ningún privilegio ni ninguna discriminación a favor o en contra de alguna agrupación o asociación religiosa. Es simplemente el reconocimiento de un derecho fundamental de todas las personas.

-No implica ninguna modificación al artículo 3º Constitucional, ni tampoco ninguna contradicción, pues sigue plenamente en vigor la prescripción de que la educación que imparte el estado es laica. El derecho de los padres o tutores a que sus hijos reciban educación religiosa lo pueden ejercer enviándolos a los cursos de educación religiosa que imparten en las diversas iglesias con sus propios medios.

-No implica el establecimiento de un sistema legal que permita la objeción de conciencia. Cada legislador, cuando lo considere conveniente, podrá establecerlo en las leyes que considere oportuno.

-No implica el reconocimiento de que los ministros de culto de alguna asociación religiosa puedan ser electos para cargos de elección popular, pues la actual prohibición no tiene que ver con la libertad religiosa, sino con los derechos políticos.

Hay algunas personas que han solicitado que se detenga esta reforma, las mismas que demuestran confusión.

Este avance en la agenda de derechos humanos mexicana debe interpretarse como de beneficio común a todos los ciudadanos que profesan o no, una religión. Esta norma permite el establecimiento de reglas de respeto y convivencia que sirven de garantía para que, como al día de hoy, tengamos un estado que gobierne en estricto respeto a las libertades personales, que no reprima las manifestaciones religiosas o culturales que se desarrollen en el marco de la legalidad.

Por eso, grupos religiosos representativos, y de diversas denominaciones, celebran el avance que esta reforma significa en materia de tolerancia y a favor de los derechos humanos.

En el largo plazo, el objetivo es garantizar la paz civil, sobre la base del respeto a los demás, creyentes o no. Y asegurar también, que el Estado no pueda dictar normas que beneficien en particular a un grupo religioso, o que en su defecto, repriman a los ciudadanos que tienen el derecho de creer, sostener convicciones filosóficas o participar en actos de culto determinados.

El artículo 24 constitucional vigente, cuya reforma se propone, establece:

“Artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.

El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohiban religión alguna.

Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria.”

Como se ha observado, en la actualidad el artículo 24 sólo confiere libertad para profesar alguna creencia religiosa, pero no explicita la misma libertad para quienes optan por no tener creencias religiosas ni para quienes se definen como agnósticos o ateos.

Nuestra Constitución desde hace tiempo reconoce y tutela el derecho de la libertad religiosa, sin embargo en la Constitución no figuran la libertad de convicciones éticas ni la libertad de conciencia.

En las lineas siguientes se pueden apreciar las diferencias entre el texto vigente y el que se dictaminó:

TEXTO VIGENTE

Artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.

El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna.

Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria.

TEXTO REFORMADO

Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso, la de su agrado. Esta  libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política.

El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohiban religión alguna.

Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria.

El primer párrafo fue modificado y los dos últimos párrafos se conservan en sus términos. En el primer párrafo se sustituye el término “todo hombre” por “toda persona” para emplear una forma de expresión normativa que se considera más adecuada en la actualidad.

Desde hace tiempo muchas personas han insistido en la necesidad de ampliar este precepto constitucional para que incluya la libertad de convicciones éticas y filosóficas. Así se le daría el mismo rango a las formas de religiosidad y a las posiciones no confesionales.

Asimismo, con esta reforma se hace explícito el derecho a participar en actos de culto, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, que ya figura de manera implícita en el texto vigente.

En el ámbito internacional la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de noviembre de 1981, señala en su artículo 1.3. que “La libertad de manifestar la propia religión o las propias convicciones estará sujeta únicamente a las limitaciones que prescriba la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás”. Igualmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en el art. 18.3 indica que “La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.” públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.”

Los límites del ejercicio de los derechos fundamentales son los marcados por el contenido del derecho mismo y en ese sentido se incluyó en la última parte del párrafo primero del artículo 24, una previsión que reafirma la laicidad del Estado mexicano al determinar “que los actos públicos de expresión de la libertad religiosa no se utilicen con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política”. Con esta disposición se evitará -de manera clara-toda acción directa o indirecta para influir en la conciencia de las personas con el fin de cambiar sus preferencias políticas o electorales, o para capitalizar políticamente la realización de actos religiosos.

Es importante reiterar que nuestra Carta Magna también se ocupa de la materia de libertad religiosa en los artículos 1°, 3°, 5°, 27 y 130, que no son objeto de reforma y cuya plena vigencia y positividad no se ve afectada por la que ahora se propone con relación al artículo 24.

Debe subrayarse, como ya quedó asentado, que al reformar el primer párrafo del artículo 24, los dos siguientes mantienen sin modificación alguna la redacción actualmente en vigor.


 

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