ONGs logran protección de la Familia en Documentos Finales de la VII Cumbre de las Américas

Ciudad de Panamá a 11 de abril del 2015.- La sociedad civil de 18 países en América Latina logró la inclusión de la protección de la familia como eje rector para garantizar la paz y la seguridad en la región y como principal responsable en la educación de sus hijos, en los documentos oficiales de la VII Cumbre de las Américas.

Esto significa un avance en la conciencia y defensa del fortalecimiento de la institución familiar como factor del bienestar de la sociedad y de las naciones en un organismo internacional como la OEA, en donde hasta hace dos años los grupos lésbico, gray, transexuales y bisexuales, así como aquellos que buscan modificar o ampliar el concepto de familia como un objetivo minoritario, avanzaban sin que nadie les hiciera contrapeso.

El concepto de protección de familia fue incluido en algunas de las mesas de Gobernabilidad; Participación Ciudadana, Educación; Salud; Seguridad; Migración, Ambiente y Energía que reunieron a actores civiles de 34 países del Continente.

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Citaron como ejemplo que en la mesa de Educación se logró conciencia de la importancia de la familia y el rol protagónico de los padres como primeros responsables de la educación de sus hijos, algunos grupos minoritarios presionaron a tal grado –incluso más que las personas con discapacidad que eran mayores en cantidad- y buscaron reemplazar el concepto “familia “por el de “padres, madres y tutores”.

Sin embargo, sólo quedó como cita textual de disenso al pie del texto en el tema de “Definición e implementación de Políticas Públicas” de la mesa de Educación.

En materia de Seguridad, hubo la petición a los Estados para reconocer que la seguridad es preocupación de la ciudadanía y la protección a la familia funcional como base para la prevención y el desarrollo de la región.

En materia de Educación se pidió a los mandatarios de la región integrar a la familia de forma incluyente, en la enseñanza y aprendizaje por medio de su involucramiento proactivo y propositivo en la formación de sus hijos; la educación en valores, con responsabilidad de los padres de familia; educación sexual y afectividad según la edad y en matera de definición e implementación de políticas públicas se deberá considerar la inclusión, la equidad, participación de la familia, de forma inclusiva, educación adulta y educación temprana para fomentar una cultura de paz, dice el documento.

A propuesta de Cuba, explicó la chilena Issminni Amastassiou, se pidió firmar el documento final a las organizaciones participantes a lo que se negaron grupos de Perú y de Brasil, quienes incluso abandonaron el salón. Los peruanos argumentaron que en su país el género no estaba definido y Brasil mencionó que les ha llevado muchos años una discusión de que la no discriminación debe ser general y que no deberían describirse categorías en el documento, pues así siempre quedara alguien fuera.

Salud fue una de las mesas en las que fue necesario recurrir a la votación pues el consenso era difícil, ante la fuerte presión de grupos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y gays que buscaban incluir el “derecho a decidir” y los “derechos sexuales y reproductivos” en el documento final.

De acuerdo con Carmen Croxanto de Chile, se subrayaba en las mesas que esas son cuestiones específicas cuando hay un alto porcentaje de la población en Estados en la región que carece de los cuidados básicos de salud, esto es lo que finalmente fue considerado en el documento.

Por ello, el documento establece el respeto a la salud como derecho humano inalienable y la responsabilidad del Estado en garantizar el acceso universal gratuito y equitativo a los cuidados de salud.

Sin duda, un logro, dijo, fue pedir a nuestros gobernantes “priorizar la protección integral de la salud y nutrición materno-infantil con estrategias de educación, promoción, prevención y atención”.

Aunque también se incluyó la demanda de garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva con un enfoque de derecho para todas las personas

En la mesa de Participación Ciudadana se pidió a los Estados el reconocimiento efectivo de la sociedad civil y la participación ciudadana para fortalecer la democracia. Aquí se pidió a los Estados abstenerse de aprobar leyes que vulneren la familia, así como legislación que se oponga a tratados internacionales.

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