Legalizar aborto en el DF “Política fallida”: TAD

Las políticas públicas en el Distrito Federal han fracasado abiertamente, pues a siete años de hacer legar la práctica del aborto hasta las 12 semanas de gestación, los embarazos no deseados siguen en aumento; las clínicas privadas tienen un “jugoso negocio” sin regulación o vigilancia y la capital del país registra mayores índices de mortalidad materna que Veracruz, Hidalgo o Guanajuato, afirmaron instituciones que brindan apoyo a la mujer embarazada en situación vulnerable y la abogada Ingrid Tapia.

En tanto, “no existe ninguna política desinada a ayudar a las mujeres embarazadas en condición de desamparo, por lo que continúan en el centro de la discriminación y la violencia”, afirmó la abogada Ingrid Tapia,  asesora de TAD (Think, Action Development).

En conferencia de prensa junto con las representantes de Vifac y Yoliguani –instituciones que brindan apoyo a mujeres embarazadas-, cuestionaron que  el Gobierno del Distrito Federal busque “salir del paso” con programas fallidos como la política del aborto  impulsada desde hace siete años.

TAD 2“Basado en un discurso puramente ideológico, el gobierno del Distrito Federal ha claudicado en proponer e impulsar estrategias reales de vida para la mujer embarazada y su hijo en gestación. Hace siete años asumió que despenalizar el aborto disminuiría drásticamente la práctica clandestina y, en consecuencia, la mortalidad materna, lo cual no ha sucedido”, subrayó Tapia.

Mientras que en el 2007, cuando se aprobó la ley, se realizaron  4,700 abortos en el Distrito federal, dijo, la cifra  ha ido en aumento cada año pero solo se cuantifican las prácticas en hospitales públicos, lo que acredita que no han disminuido los embarazos no deseados, pese al reparto indiscriminado de anticonceptivos y condones.

En tanto, agregó, las clínicas privadas se dejaron sin la menor vigilancia y sólo reguladas por las condiciones del mercado, lo que ha representado “un buen negocio”.

Citó como ejemplo que el precio-mercado para la práctica de un aborto oscila entre los 2600 y los 7 mil pesos y que según reportes de las propias clínicas realizan tres mil prácticas anuales, lo que supone ingresos constates por 18 millones de pesos al año, cifra que no logra ni  la industria automotriz.

Hasta el momento, dijo, la abogada Tapia, tampoco se conoce el destino de los restos fetales, por lo que la Secretaría de Salud del Distrito Federal también es claudicante en la vigilancia de los residuos quirúrgicos.

Para la mujer embarazada no existen políticas públicas de apoyo y las que hay son una “vacilada”, aseguró.  Tal es el caso de Promojoven del gobierno federal,  que da becas a las mujeres embarazadas siempre y cuando cursen la educación básica –primaria-, pero, agregó la mayoría de embarazos se registran cuando las chicas estudian la secundaria y la preparatoria, lo que “significa para ellos que el gran segmento de las mujeres no existe”.

La sociedad no ha ganado nada en este lapso, dijo la abogada, pues durante los últimos años se han aplicado las mismas políticas públicas y además del aumento en el número de embarazos no deseados,  no se ha construido una sola guardería -pese a que el 42 por ciento de los hogares capitalinos son uniparentales-; el 30 por ciento de las mujeres embarazadas son víctimas de violencia, las mujeres jóvenes embarazadas  siguen abandonando la escuela y ni siquiera el gobierno ha construido los hospitales suficientes para dar los servicios de aborto.

Y es que dijo, durante los últimos diete años, la única opción es “matar a tú hijo” pues no hay “para pañales,  para leche, para que termines la secundaria o preparatoria, para que tengas un trabajo y para que tengas ingesta de ácido fólico;”.

Por su parte,  Mari Carmen Viniegra de Vifac y Himilce Eichelmann de Yoliguani explicaron que han logrado brindar apoyo a más de 20 mil mujeres embarazadas en condición de desamparo.

En el caso de Vifac,  mencionó Viniegra, pese a que más del 50 por ciento de las que llegan tienen la intención de dar a su hijo en adopción, al término del embarazo y gracias a los apoyos que se le  brindan sólo el 15 por ciento de ellas  decide entregar a su bebé en adopción.

Empero, lamentó las lagunas existentes en la ley que retrasan hasta más de tres años un proceso de adopción. Sin embargo, dijo, en el caso de estas organizaciones han encontrado mejores leyes en el Estado de México, pues anualmente reciben 800 personas interesadas. De éstas 400 cumplen los requisitos. Empero sólo pueden repartir 150 solicitudes y sólo se logra la adopción de 70 menores, es decir, menos del 10 por ciento.

En tanto,  agregaron, mientras en la entidad mexiquense las listas de espera son de al menos un año, en el Distrito Federal, los procesos pueden tardar hasta tres años.

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