El futuro y destino de los niños en México está en manos de los once ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). ¡Nada más ni nada menos!

¿Por qué? Porque discutirán la Acción de Inconstitucionalidad 41/2013 promovida por la Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala, demandando la invalidez del art. 243 del Código Penal que fue reformado mediante decreto 200 el pasado 26 de febrero, aunque de nueva cuenta lo reformó el Congreso de Tlaxcala hace apenas unos días, la discusión en la SCJN, está en el orden del día.

En esta ocasión, se debatirían las exclusiones a las penas por el delito de aborto en Tlaxcala y aun cuando sus recientes reformas han dejado sin materia la acción de inconstitucionalidad, es muy factible que deliberen al respecto los ministros.

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Lo que preocupa a una gran mayoría de ciudadanos mexicanos son los efectos secundarios de la resolución de la Corte, ya que los argumentos de la resolución de los ministros serían obligatorios para todos los jueces del país, por lo que el efecto inmediato sería que cualquier mujer pueda abortar mediante un amparo contra el código penal.

¿Incongruente verdad? En un país donde el aborto es un delito, donde se protege la vida desde el nacimiento según el Pacto de San José en el art. 4º. (Firmado por México y que adquiere validez constitucional gracias a las reformas a la Carta Magna de 2011) ¡Pues sencillamente no se entiende! Aquellos Ministros justamente contratados para defender la constitución, de repente podrían despedazarla para satisfacer las demandas de una minoría que le llama derecho a lo que es delito.

Son artificios del lenguaje, manipulación y corrupción del mismo, pues hasta por la ley del absurdo una cosa no puede ser dos a la misma vez. Matar un bebé, -abortarlo- no puede ser un derecho y un delito al mismo tiempo. Es lo segundo sin lugar a dudas, pero corremos el riesgo de que los ministros lo conviertan de facto en “derecho” pues sería obligatorio por parte de los jueces otorgar amparo con lo que se podría asesinar lícitamente al bebé concebido.

Cuando se usan los verbos correctos, inmediatamente se nota el error, ¿verdad?

Eso es el aborto, y no debiera existir la muerte lícita. México no permite la pena de muerte, ¿por qué entonces sería aplicable al más indefenso de los seres humanos?

Ha habido varios intentos a la fecha de que la Corte valide el aborto, hasta el momento no lo han logrado.

La Convención de los Derechos del Niño (firmada por México en 1990) establece que el niño merece protección, y ésta puede extenderse desde antes de nacer.

Ningún tratado internacional ha proclamado el derecho al aborto, simplemente no existe.
Por el contrario en muchos instrumentos internacionales se habla del derecho a la vida, de la protección del bebé en gestación, etc.
¿Para qué sirven las Acciones de Inconstitucionalidad? Se interpone una Acción de Inconstitucionalidad cuando se considera que una norma aprobada por algún órgano legislativo no respeta lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece.

Sabemos que el Aborto es un delito en todo el Territorio Nacional, que existen causales que permiten su despenalización, es decir el delito sigue existiendo pero no se castiga salvo en los casos que cada Estado decide. (¿Sabías que un huevo de tortuga vale más que un embrión de un ser humano?)

Sin embargo para mayor claridad, 18 Estados modificaron su constitución para que no haya lugar a dudas y que cada estado manifieste de forma expresa que la vida se protege desde la concepción y hasta la muerte natural.

¿No debieran los ministros respetar la soberanía de los Estados? Por supuesto, porque ello también en un mandato constitucional.

La medicina ha avanzado tanto que sin equívocos puede considerarse al nasciturus un bebé de la especie humana y matarlo a cualquier edad de su desarrollo, puesto que no hay diferencia ontológica desde la concepción y hasta la muerte, resulta un homicidio.

Señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respetar la Constitución es respetar la soberanía de los Estados y sobretodo el primer derecho que todos tenemos: la vida. Sin vida no hay derechos.

Por Ivette Laviada

30 de abril de 2014