El futuro y destino de los niños en México está en manos de los once ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). ¡Nada más ni nada menos!
¿Por qué? Porque discutirán la Acción de Inconstitucionalidad 41/2013 promovida por la Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala, demandando la invalidez del art. 243 del Código Penal que fue reformado mediante decreto 200 el pasado 26 de febrero, aunque de nueva cuenta lo reformó el Congreso de Tlaxcala hace apenas unos días, la discusión en la SCJN, está en el orden del día.
En esta ocasión, se debatirían las exclusiones a las penas por el delito de aborto en Tlaxcala y aun cuando sus recientes reformas han dejado sin materia la acción de inconstitucionalidad, es muy factible que deliberen al respecto los ministros.
Lo que preocupa a una gran mayoría de ciudadanos mexicanos son los efectos secundarios de la resolución de la Corte, ya que los argumentos de la resolución de los ministros serían obligatorios para todos los jueces del país, por lo que el efecto inmediato sería que cualquier mujer pueda abortar mediante un amparo contra el código penal.
¿Incongruente verdad? En un país donde el aborto es un delito, donde se protege la vida desde el nacimiento según el Pacto de San José en el art. 4º. (Firmado por México y que adquiere validez constitucional gracias a las reformas a la Carta Magna de 2011) ¡Pues sencillamente no se entiende! Aquellos Ministros justamente contratados para defender la constitución, de repente podrían despedazarla para satisfacer las demandas de una minoría que le llama derecho a lo que es delito.
